Las continuas emergencias economicas y tensiones politicas y sociales derivadas de ellas generaron la preocupación por establecer mecanismos  orientados al logro de la recuperación económica y la solución de situaciones conflictivas através de programas específicos.

 El  programa nacional de solidaridad tenía como  objetivo  atender a un gran número de mexicanos que viven en condiciones de pobreza y que sus necesidades básicas no están adecuadamente satisfechas  -nutrición, salud, educación, vivienda, medio ambiente, acceso a los servicios públicos y empleo productivo-. Trató de romper el círculo vicioso que la produce y acrecienta generacionalmente. La población objetivo por prioridades eran los pueblos indígenas, los campesinos y habitantes del medio rural en las áreas semidesérticas y serranas, así como los pobres de las ciudades. El Programa trató de orientarse para construir un nuevo piso social  para el desarrollo nacional que asegurara la igualdad de oportunidades y justicia especialmente para los que menos tienen, es decir buscó construir la expresión de los derechos sociales que está constituido por el conjunto de bienes y servicios mínimos a los que debe tener acceso toda la población para garantizar un nivel de vida decoroso, y que están plasmados en la CPEUM en los artículos 30, 27 y 123.                    

 

El programa nacional alimentario (PRONAL)  propuesto por el gobierno de Miguel de la Madrid para los años 1983-1988, dibuja un diagnóstico en el cual se calcula que el país cuenta con 40°% de la población con insuficiencias alimenticias: 30 millones de mexicanos desnutridos . La falta de garantía en el consumo básico de las mayorías, ha orillado al Estado a buscar alternativas a la crisis alimenticia. La propuesta en 1980 el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y el control de precios fueron políticas que apuntaban en esa dirección.

 En la historia económica del país no había una política explícita en materia alimentaria, el SAM cubre este vacío. Sin embargo, al año siguiente se expide la Ley de Fomento Agropecuario que suprimió las "buenas intenciones" del SAM, ya que en ella se contempla la posibilidad de asociación entre distintos tipos de propietarios, que tendía a favorecer a los grandes empresarios agrícolas a costa de los ejidatarios y campesinos pobres. La pareja "SAM-LEY" jugaba una mala pasada a la economía campesina en los sótanos maquiavélicos de la política mexicana.